Desiderio García Sepúlveda
El INE, entre contratos y sospechas
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no acaba con los problemas que deja su gestión. Detrás permanece una trama de contratos bajo sospecha que pone en entredicho la credibilidad del organismo encargado de organizar las elecciones en México. El asunto ya no involucra únicamente a una funcionaria y sus relaciones con determinados proveedores. También alcanza a quienes autorizaron las adjudicaciones y a los responsables de vigilarlas.
El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, informó que cinco empresas presuntamente relacionadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales. De acuerdo con la investigación presentada ante diputados, las compañías habrían simulado competir entre ellas para quedarse con las adjudicaciones. En conjunto, concentraron más del 70 por ciento del mercado.
Las indagatorias también apuntan a vínculos entre sus representantes y José Alfredo Hernández Casillas, empresario identificado por su cercanía con Taddei.
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Las sospechas no terminan en los proveedores. El propio órgano de control mantiene investigaciones sobre funcionarios y particulares, así como procedimientos por posibles conflictos de interés, documentación irregular y deficiencias en la supervisión de los contratos.
Aquí hay otra responsabilidad que debe aclararse: la de quienes tenían la obligación de vigilar estas operaciones. ¿Dónde estaba el Órgano Interno de Control mientras se adjudicaban los contratos? Si algunas irregularidades comenzaron a detectarse meses antes de que el caso llegara a los medios, también habrá que explicar por qué no se actuó a tiempo.
La salida de Taddei, el pasado 26 de octubre, no debería marcar el cierre del caso. Una renuncia no borra responsabilidades, pero tampoco convierte las sospechas en culpabilidad. Las autoridades tendrán que determinar quién autorizó los contratos, quién obtuvo beneficios y si hubo un daño a los recursos públicos.
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México se encamina a las elecciones de 2027 y el INE necesita recuperar algo más que la normalidad administrativa: necesita recuperar la confianza ciudadana.
No se puede exigir transparencia a los partidos mientras la propia autoridad electoral mantiene cuentas pendientes sobre el manejo del dinero público. El INE está obligado a dar explicaciones. De lo contrario, su autoridad para vigilar a los demás quedará inevitablemente bajo sospecha.
