Sin Cortapisas

Por: Claudia Vázquez

Ahora sí, a tapar el pozo

La muerte de una menor durante un campamento de verano en el municipio de Madero ha conmocionado a Tamaulipas, pero también ha dejado una pregunta para las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que no pueden evadir: ¿Quién autoriza e inspecciona a este tipo de “campamentos”?

Mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento y determinar responsabilidades, surgen una serie de interrogantes:

¿Quién autorizó su apertura? ¿Cuentan con los permisos correspondientes? ¿Cumplen con las medidas de Protección Civil? ¿Cuentan con personal capacitado en primeros auxilios? ¿Tienen las condiciones adecuadas para resguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes? ¿Cumplen con la normatividad educativa?

Porque la verdad es que, no es posible que las autoridades volteen a ver a este tipo de “negocios” solo después de una tragedia.

¿Acaso será necesario que siempre ocurra una situación lamentable para cumplir con las normatividades como inspecciones sanitarias, de protección civil, o de educación? vaya de lo que el “negocio” deba cumplir, de acuerdo con su naturaleza.

No basta con deslindar responsabilidades, claro que no; también deben revisar la actuación y responsabilidad de los encargados, no solo de autorizar, sino también de inspeccionar y vigilar estos espacios. Porque como siempre se ha dicho, la omisión también debe tener consecuencias, porque si no hubo corrupción, hubo negligencia.

Hoy las autoridades están obligadas no solo a investigar y castigar a quienes sean responsables de esta tragedia, sino también deben de tomar, mejor dicho, reforzar y hacer cumplir los protocolos de seguridad que existen para este tipo de negocios, porque la prestación de estos servicios no son nuevos, pero cada periodo vacacional surgen algunos nuevos que quiérase reconocer o no, se implementan al vapor por su temporalidad, y lo que es peor, regularmente ni las instalaciones son adecuadas para ese uso.

Queda claro que la confianza de los padres de familia no puede estar sujeta a la buena voluntad de los organizadores de un campamento, porque la presunción es que todos éstos ya cumplieron una serie de requisitos “oficiales” que garantizan desde el uso de las instalaciones, hasta la oferta educativa o de entretenimiento.

En este caso, la pregunta es: ¿Qué le van a decir a esa madre de familia? Porque decir que le van a devolver lo pagado, es una grosería.

Esperemos, porque es lo mínimo que deben hacer, que hagan justicia por esa pérdida humana, y tomen las medidas necesarias, que no son otras más que cumplir la ley para la instalación de negocios de este tipo, y con ello evitar que una situación como esta vuelva a repetirse.