El arte de la fuga
Desiderio García Sepúlveda
Al Instituto Nacional Electoral le llegó la hora de rendir cuentas. Las contrataciones bajo sospecha, los posibles conflictos de interés y la presunta relación entre proveedores y funcionarios de la administración anterior obligan al INE a revisar lo que ocurrió dentro de sus propias oficinas. La institución encargada de garantizar la confianza en las elecciones enfrenta ahora el desafío para recuperar la suya.
La salida de Guadalupe Taddei no resuelve el problema. Cambiar a una persona es relativamente sencillo; revisar los mecanismos de contratación, identificar quién supervisó las operaciones y determinar dónde fallaron los controles internos es otra cosa. Hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República y una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que abarca de 2016 a 2026.
Uno de los puntos más delicados está en la ASF, que informó que en la indagatoria colaboran informantes que buscan reducir sus sanciones a cambio de aportar pruebas sobre el presunto esquema. El material podría ayudar a reconstruir cómo operó la red y quiénes se beneficiaron. La investigación tendrá que determinar si existen responsabilidades y si es posible recuperar los recursos públicos involucrados.
La elección de la nueva presidenta del INE abre otro frente. Ricardo Monreal ha reconocido la necesidad de construir consensos entre las fuerzas políticas para que el nombramiento no nazca cuestionado. El problema es que se ve complicado que los partidos politícos que participan en el proceso legislativo, puedan lograr un acuerdo que los deje satisfechos.
También está el presupuesto del instituto para 2027, cercano a los 47 mil millones de pesos, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado. La discusión sobre el gasto es necesaria, pero cualquier ajuste debe considerar las tareas que tendrá el INE en un año electoral. Reducir recursos sin evaluar las consecuencias podría comprometer su capacidad para organizar los comicios.
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Las elecciones federales de 2027 están cada vez más cerca. El INE necesita llegar a esa cita con una estructura funcional, independencia frente a los partidos y credibilidad ante los ciudadanos. No tendrá mucho margen para corregir sobre la marcha los problemas que hoy siguen pendientes.
La reconstrucción institucional exige algo más que renuncias y declaraciones. Hace falta conocer el alcance de las irregularidades, establecer responsabilidades y corregir los procedimientos que permitieron que las contrataciones terminaran bajo sospecha.
El INE no puede exigir confianza mientras evita revisar sus propias decisiones. La credibilidad que necesitará en 2027 se ha visto comprometida y para recuperarla se requiere tiempo y una investigación sin tintes partidistas. Ambas cosas parecen difíciles de lograr cuando las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina.
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