El Arte de la Fuga
Por: Desiderio García Sepúlveda
Soberanía bajo presión
La relación entre México y Estados Unidos vuelve a tensarse en el terreno donde históricamente más duele: seguridad, narcotráfico y soberanía. La nueva Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de la Casa Blanca dejó claro que Washington ya no está dispuesto a sostener una cooperación basada en promesas diplomáticas y discursos políticos. Ahora exige resultados concretos: detenciones relevantes, extradiciones, decomisos y el desmantelamiento real de laboratorios clandestinos.
El mensaje es directo: menos retórica y más acciones verificables. Estados Unidos condicionará su respaldo bilateral a “resultados tangibles”, particularmente en el combate contra las estructuras criminales que sostienen a los cárteles. No se trata únicamente de capturar líderes visibles, sino de desarticular el sistema completo que permite su operación: rutas de tráfico, precursores químicos, redes financieras, lavado de dinero y complicidades dentro del aparato público.
La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue presentada por Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, como ejemplo del tipo de cooperación que Washington espera consolidar: intercambio de inteligencia, presión constante y reacción inmediata por parte del Gobierno mexicano.
Frente a ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde una narrativa de defensa nacional: “Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos”. La frase conecta con una tradición política profundamente arraigada en México: la soberanía como principio irrenunciable y símbolo de dignidad nacional.
Sin embargo, ahí aparece la principal contradicción. La soberanía no se defiende solamente desde el discurso presidencial ni con referencias históricas a Benito Juárez o la Batalla de Puebla. También exige instituciones sólidas, un sistema de justicia funcional y control efectivo del territorio.
México rechaza la injerencia extranjera, pero durante años permitió que el crimen organizado construyera un poder paralelo en amplias regiones del país. Cuando el Estado pierde presencia, otros actores llenan ese vacío. Y cuando eso ocurre, la presión internacional deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en una consecuencia inevitable.
Estados Unidos tampoco actúa por altruismo. El fentanilo, las metanfetaminas y el tráfico de armas afectan directamente su seguridad interna. Su estrategia responde a intereses propios, no a solidaridad bilateral.
La verdadera pregunta no es si Washington debe exigir más, sino por qué México sigue necesitando que se lo exijan. Con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y funcionarios cercanos al Gobierno de Sinaloa bajo señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, defender la soberanía sin resultados concretos termina pareciendo un ejercicio de retórica. Y en materia de seguridad, los discursos nunca han desmantelado un cártel.
