En la opinión de
El arte de la fuga
Desiderio García Sepúlveda
Lineamientos para domesticar la crítica
Las críticas no han disminuido desde que se puso a consulta pública el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Sus detractores lo han llamado una “censura disfrazada”, al considerar que, bajo el argumento de fortalecer los derechos de quienes consumen radio y televisión, introduce mecanismos regulatorios que podrían abrir la puerta a un mayor control sobre los contenidos.
La propuesta, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, parte de un objetivo que pocos cuestionan: garantizar que las audiencias reciban información claramente diferenciada de la opinión, que la publicidad sea identificable y que exista un derecho de réplica efectivo. Ninguno de estos principios es nuevo. Todos forman parte del marco constitucional desde la reforma de 2013. La discusión, en realidad, no gira en torno a su existencia, sino a la forma en que el Estado pretende hacerlos cumplir sin invadir la libertad editorial de los medios.
Esta semana la presidenta salió a defender el proyecto. Aseguró que el gobierno no decidirá “qué es verdad” y que las sanciones previstas serán únicamente de carácter administrativo. Sin embargo, las dudas persisten porque el anteproyecto incorpora conceptos amplios y poco definidos, como “información veraz” o “contenido descontextualizado”. Cuando esos términos quedan sujetos a la interpretación de una autoridad, el margen para decisiones discrecionales crece de manera inevitable.
El problema tampoco se limita a las posibles sanciones. Existe un efecto menos visible, pero igual de preocupante: la autocensura. Cuando un medio percibe que el marco regulatorio es incierto o ambiguo, puede optar por moderar investigaciones incómodas, suavizar críticas o evitar ciertos temas para reducir riesgos. No hace falta una prohibición expresa para que la libertad de expresión empiece a restringirse.
También genera inquietud que buena parte de estas obligaciones se establezcan mediante lineamientos administrativos y no como resultado de un debate amplio en el Poder Legislativo. En una democracia, las normas que regulan derechos fundamentales deben surgir de procesos abiertos y transparentes, especialmente cuando tienen el potencial de incidir en la circulación de ideas e información.
La experiencia internacional ofrece lecciones que conviene tener presentes. En países como Hungría o Venezuela, facultades regulatorias creadas con el propósito de promover una comunicación responsable terminaron utilizándose para presionar a medios críticos. México está lejos de ese escenario, pero precisamente por ello resulta indispensable evitar disposiciones ambiguas que, en el futuro, puedan prestarse a abusos.
La consulta pública representa una oportunidad para corregir esas zonas grises y construir reglas que concilien la protección de las audiencias con la libertad de expresión. Al final, las democracias no se distinguen porque sus gobiernos prometan que nunca censurarán, sino porque sus leyes impiden que cualquier gobierno pueda hacerlo.
