El abogado Francisco Juárez Pineda reconoció avances concretos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los procedimientos relacionados con Marisol Uriegas y sostuvo que las protestas callejeras, particularmente aquellas en las que se utilizan ataúdes como forma de presión, no abonan al desarrollo jurídico de los procesos ante las instancias judiciales.
El litigante explicó que, de los tres juicios laborales pendientes, dos ya se encuentran en vías de ejecución ante las propias Juntas, mientras que un tercero permanece sujeto a la resolución de un juicio de amparo directo que corresponde atender al Tribunal Colegiado, fuera del ámbito de competencia de las autoridades laborales estatales.
“Dos de ellos están aquí en vías de ejecución por parte de la Junta”, señaló Juárez Pineda, quien confirmó además que recientemente fueron emitidos acuerdos relacionados con una convocatoria de remate y otro auto de ejecución, lo que representa avances dentro de los procedimientos.
En este contexto, el abogado también insistió que las manifestaciones públicas, particularmente aquellas en las que se utilizan ataúdes como forma de protesta, no acreditan el desarrollo ni a la conclusión de los juicios laborales, pues las controversias deben seguir los cauces legales establecidos y resolverse ante las instancias competentes.
La postura del propio representante legal marca distancia de cualquier intento por trasladar a la vía pública una disputa que actualmente se encuentra dentro de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes. Mientras las protestas buscan generar presión mediática, los expedientes continúan su curso mediante acuerdos, resoluciones y actos de ejecución previstos por la legislación laboral.
“Es un tema extralegal, que es una determinación muy particular de la parte actora, que no es parte del proceso que se lleva aquí en las Juntas de Conciliación”, precisó.
En contraste con dichas expresiones públicas, Juárez Pineda reconoció que actualmente existe disposición de las autoridades para continuar atendiendo los procedimientos y avanzar en su resolución, al señalar que los representantes de las Juntas le han manifestado su voluntad de garantizar una justicia pronta y expedita.
“Nos han dado la palabra y se manifiesta la voluntad de que la confianza en ellos de administrar la justicia que sea pronta y expedita en la vía de ejecución que nos falta, lo va a hacer”, expresó.
Sobre los siguientes pasos, explicó que en uno de los expedientes existe una orden de embargo próxima a ejecutarse, mientras que en otro ya se estableció una fecha de remate, proceso que requiere cumplir con las publicaciones correspondientes.
El propio abogado aclaró que, en esta etapa, el impulso procesal también corresponde a la parte actora, una vez que los autos han sido emitidos por la autoridad laboral.
“El impulso de nosotros, los autos ya están emitidos por parte de la Junta, toca a nosotros impulsar la parte de la ejecución”, reconoció.
