La Secretaría de Energía confirma que el Acuerdo de Confiabilidad tiene sustento constitucional y legal
El Gobierno Federal, con base en sus responsabilidades constitucionales, respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos; por lo que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; ante la suspensión otorgada por un Juzgado, en respuesta al legítimo derecho de amparo de terceros. Sin embargo, esta Secretaría va a combatir tal resolución.
La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional.
La Política de Confiabilidad incluye todas las dimensiones del Sistema Eléctrico Nacional: la Red Nacional de Transmisión, las Redes Generales de Distribución; las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y demás elementos que determine la Secretaría de Energía.
La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado.
La Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
La realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional. La Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos.
