Ela arte de la fuga

Desiderio García Sepúlveda

La DEA vs la 4T

Esta  semana el director de la DEA, Terry Cole, aseguró que los cárteles y el gobierno mexicano son “inseparables”. Ya no se trata de una diferencia diplomática ni de una declaración estridente para consumo interno. Es una acusación que exhibe el nivel de desconfianza con el que hoy Washington mira a México.

La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha seguido el mismo guion de los últimos meses: exigir pruebas, denunciar el intervencionismo y defender la soberanía nacional. Todo eso es legítimo. Lo que resulta cada vez más difícil de sostener es que, mientras se reclaman evidencias del otro lado de la frontera, en México las investigaciones avanzan con una lentitud exasperante o, de plano, terminan perdiéndose en el silencio institucional.

Los episodios se han ido acumulando. Primero apareció la investigación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Después vino la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República, justo cuando ese expediente estaba bajo su responsabilidad. Más tarde surgieron las versiones sobre la participación de agencias estadounidenses en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Ahora se suma el caso de la gobernadora Marina del Pilar, obligada a explicar una conversación en la que ofrecía colaborar con autoridades estadounidenses mientras intentaba resolver su situación migratoria.

Cada uno de estos casos tiene sus propios matices y, por sí mismo, ninguno demuestra una responsabilidad penal. Pero la política no vive únicamente de sentencias judiciales; también se mueve por percepciones. Y la percepción que comienza a consolidarse es la de un gobierno que siempre va un paso atrás, respondiendo a los hechos en vez de controlar la narrativa.

Ese es el fondo del problema.

Porque la discusión ya dejó de limitarse al combate contra el narcotráfico. Lo que hoy está en juego es la credibilidad del Estado mexicano. Cuando las versiones oficiales llegan después de las filtraciones; cuando los casos más delicados permanecen sin avances visibles; cuando la respuesta política ocupa el lugar de la respuesta judicial, el espacio lo llenan inevitablemente las dudas.

Desde luego, Estados Unidos tampoco está libre de responsabilidad. La crisis del fentanilo se convirtió en una bandera política y México terminó siendo el blanco ideal para explicar un problema que también tiene origen en el consumo interno, el tráfico de armas y los errores de la propia estrategia estadounidense. En Washington suele ser más fácil señalar hacia el sur que revisar lo que ocurre puertas adentro.

Pero reducir todo este conflicto a una ofensiva política de la DEA sería una explicación demasiado simple. Las declaraciones de Terrance Cole no surgieron de la nada. Son el resultado de años de desencuentros, investigaciones abiertas, extradiciones polémicas y una relación bilateral en materia de seguridad que ha perdido confianza de ambos lados.

El desafío para la presidenta Sheinbaum va mucho más allá de responder a un funcionario estadounidense. Lo que necesita demostrar, dentro y fuera del país, es que las instituciones mexicanas investigan con independencia, aplican la ley sin excepciones y no actúan para proteger intereses políticos.

Mientras esos resultados no lleguen, cada señalamiento que provenga de Washington encontrará un ambiente propicio para alimentar la duda. Y ese, más que cualquier declaración de la DEA, es el verdadero desafío que hoy enfrenta la Cuarta Transformación.