Caso contra YAC se originó durante gestión de Tania Contreras en la Consejería Jurídica
La investigación penal que mantiene vinculada a proceso a la exsecretaria de Bienestar Social, YAC, por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, comenzó desde el arranque de la actual administración estatal, cuando la Consejería Jurídica del Gobierno de Tamaulipas era encabezada por Tania Contreras López, instancia desde la cual se dio seguimiento a la integración de denuncias por presuntas irregularidades detectadas en el cambio de gobierno.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la denuncia fue presentada el 23 de diciembre de 2022 por Verónica Adriana Aguirre de los Santos, entonces titular de la Secretaría de Bienestar Social. Posteriormente, el 9 de enero de 2023 quedó integrada formalmente la carpeta de investigación 17/2023, durante el periodo en que Tania Contreras López se desempeñaba como consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal Anaya.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acusa a la exfuncionaria de haber autorizado entre 2021 y 2022 procedimientos de adjudicación directa para la compra de despensas del programa Bienestar Alimenticio, pese a que por los montos involucrados debieron realizarse mediante licitación pública.
Las investigaciones señalan que las operaciones beneficiaron presuntamente a las empresas JD Abarrotes y Perecederos, S.A. de C.V. y Aldekom, S.A. de C.V., ocasionando un presunto daño patrimonial por 985 millones 200 mil pesos.
Durante la integración del expediente, la Fiscalía recopiló contratos, facturas, estados de cuenta bancarios, dictámenes contables, actas de entrega-recepción, informes policiales y documentación oficial que acredita el desempeño de YAC como secretaria de Bienestar Social del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.
Tras casi tres años de investigación, el Ministerio Público solicitó audiencia inicial el 20 de noviembre de 2025. El procedimiento enfrentó diversos diferimientos por cambios de defensa, problemas de notificación y justificantes médicos presentados por la imputada.
El 8 de febrero de 2026, un juez de control determinó que las constancias médicas presentadas no justificaban la inasistencia de la exfuncionaria y señaló que existía una conducta reiterada para evitar comparecer ante la autoridad judicial.
Finalmente, el 1 de julio de 2026, un juez resolvió vincular a proceso a YAC y otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 4 de enero de 2027, etapa en la que Fiscalía y defensa presentarán y desahogarán las pruebas correspondientes.
Con ello, el caso entra en una nueva fase judicial, aunque su origen se remonta al inicio del actual gobierno estatal, cuando Tania Contreras López encabezaba la Consejería Jurídica y comenzaron las investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en la administración anterior.
