Ya son 16 estados contra Trump
Los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, así como la ciudad de Nueva York, demandaron al gobierno de Donald Trump por una nueva norma que prohíbe otorgar la green card a migrantes que reciban ayuda pública.
Los estados se sumaron a una lista creciente de entidades que han impugnado la disposición, con lo que ya suman 16 entidades.
Este grupo busca frenar una de las medidas más duras del gobierno republicano para restringir la inmigración legal.
La procuradora general de Nueva York, Letitia James dijo que la norma va contra los valores estadunidenses.
Generaciones de ciudadanos llegaron a la costa de la isla de Ellis sin nada más que un sueño bajo el brazo”, dijo James en un comunicado al anunciar la querella.
Los esfuerzos apenas velados del gobierno de Trump para que a Estados Unidos sólo ingresen quienes cumplan con sus restrictivos requisitos étnicos, raciales y económicos son una violación clara de nuestras leyes y valores”, agregó.
La semana pasada, el fiscal de Washington, Robert Ferguson, encabezó la alianza de 13 entidades contra la llamada ley de carga pública, que prohíbe a migrantes legales acceder a beneficios de vivienda y servicios de salud.
La carga pública considera que si el padre residente legal de un niño estadunidense, que necesite servicios médicos y alimenticios para su hijo por un periodo determinado, perdería la residencia y quedaría como indocumentado por conseguir lo que su hijo necesite.
La mitad de la población de Estados Unidos sería criminalizada si a todo el país se le aplicara la misma medida”, declaró el procurador de California, Xavier Becerra.
De entrar en vigor en octubre próximo, afectaría a dos millones 380 mil residentes legales mexicanos, que son el 20 por ciento de los inmigrantes legales para residir en el país, los portadores de la llamada tarjeta verde.
Uno de cada cinco residentes legales es inmigrante mexicano, según el Centro de Investigaciones Pew.
Por su parte, Trump aseguró que valora la posibilidad de recortar los impuestos aplicados a los salarios en el país, después de que las alarmas sobre una posible recesión en el país se encendieron la semana pasada.
