SIN CORTAPISAS

Por: Claudia Vázquez Andrade
Disciplina Judicial
El poder judicial en Tamaulipas se está “acomodando” en su nueva etapa de independencia, y todo hace indicar que juzgadores y litigantes también tendrán su período de acoplamiento, o entendimiento, por lo menos es la lectura que deja el “desencuentro” entre una juez y una abogada, en donde la primera le impuso a la segunda, una multa de un millón 300 mil pesos por interrumpir una audiencia, esto luego de que corrigiera a la juzgadora por omitir una etapa del proceso durante el desarrollo de la diligencia.
Obvio que la determinación de la juzgadora, provocó la inconformidad del gremio de abogados por dos razones. Primero, porque consideran que la juez se excedió al “castigar” a la defensora porque le aplicó el máximo que permite la ley para estos casos, y Segundo; porque estiman que la jurista tenía razón en la observación a la representante del poder judicial, de ahí el “correctivo” que le aplicó a la “picapleitos” que estaba en su papel de defensa.
Este caso sin lugar a dudas que sentará un precedente para la actuación de jueces y defensores, y el papel más importante en este asunto será el del Tribunal de Disciplina Judicial, porque será quien dirá la última palabra en cuanto a quien tenía o tiene la razón.
Porque sí bien es cierto que la jueza es la máxima autoridad en ese recinto y en ese momento, también merece respeto, aunque es cierto que está obligada a seguir todas las etapas de un proceso, porque se presume que cuenta con la preparación necesaria para estar en esa posición, además de ser “justa” a la hora de emitir una sentencia, y más si esta es producto de un señalamiento no a su persona, sino a su desempeño.
La misma presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, refirió que el caso deberá ser analizado por la autoridad correspondiente y tomar las determinaciones que correspondan.
Y no podría ser de otra manera, porque se presume que ya se terminó con el paternalismo o complicidad que se daba al interior de ese poder, en donde los juzgadores eran amos y señores, y sus errores que muy seguramente costaron años de encierro a los acusados, pasaban por boba.
Hoy se tiene por entendido que las actuaciones y determinaciones de todos los integrantes del poder judicial pueden ser cuestionados y puestos a consideración del Tribunal de Disciplina Judicial, como va a suceder con este caso, acabando así con el abuso del poder.
Por lo menos es la presunción del ciudadano común, porque su elección fue bajo ese argumento; el tiempo y las acciones en contra de los juzgadores, dirá la última palabra.