Quitaría congreso escoltas a CDV
Jesús Rodríguez
Diputados de Morena presentaron una iniciativa de reforma a la constitución política del estado para retirarle al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, los escoltas que tienen asignados él y su familia.
Fue el diputado Isidro Vargas Fernández quien leyó el documento que plantea derogar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 19 Bis de la Constitución Política de Tamaulipas, que contempla asignar escoltas al exmandatario, su familia, así como al exsecretario general de gobierno, de seguridad pública, Fiscalía, y otros entes encargados en materia de seguridad.
Durante la exposición de motivos, se detalló que al mes el gobierno del Estado gasta un millón 120 mil pesos por el pago de los 56 escoltas asignados a trabajos de seguridad para familiares y exfuncionarios.
Las reformas planteadas establecen que, “en razón de que las funciones de su cargo son de interés público, es prioritario preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y de protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que permanezcan en su cargo”.
Vargas Fernández, señaló que es comprensible que los servidores públicos que desempeñaron cargos en materia de seguridad tengan cierta preocupación; pero de acuerdo a los indicadores por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los índices de inseguridad han bajado considerablemente en la entidad, por lo que no es necesario ese privilegio.
Aunado a ello, recordó que existe la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, que contempla los mecanismos de protección para quienes intervienen en trabajos de seguridad.
“Que cualquier persona, incluido un ex servidor público de la administración pública estatal, tiene el derecho de solicitar, si fuera necesario, el amparo de la autoridad en los términos que prevé la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, al igual que cualquier otro individuo, porque para eso se expidió esa normativa”.
Finalmente el Congreso del Estado dio entrada a dicha reforma constitucional que fue envidada que fue enviada a las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos y de gobernación para su análisis y dictaminación.
