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Por: Ana Luisa García G.

Tamaulipas, trato preferencial federal en vivienda

El programa estratégico de Vivienda del Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, empezó a aterrizar en Tamaulipas al llegar las primeras cartas de invitación para adquirir uno de estos bienes. A la par se dio a conocer entre las metas institucionales, la construcción de mil 611 de estas casas en esta entidad antes de febrero de 2026.La celeridad de estas acciones, ponen de manifiesto que el gobierno federal tiene prisa por ver resultados en este ambicioso proyecto.

En México, su constitución política reconoce el derecho a una vivienda digna, y el Art. 4º de nuestra Carta Magna fue reformado para otorgar a todas las personas el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, que cubra los elementos de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, entre otros, pero no deja de ser un problema complejo cuando se trata de darle cumplimiento, por eso responder a esta necesidad de los mexicanos, es prioridad en el gobierno de la 4ª T.

Sin embargo, la solución no depende totalmente del gobierno, aunque es un facilitador; sin la participación del ciudadano o beneficiario es imposible darle cumplimiento, obviamente todos quieren tener una vivienda, pero no todos tienen la capacidad de aportarlo que les corresponde.

La dirección general del Infonavit a cargo de Octavio Romero, dio a conocer que tan sólo en Cd. Victoria fueron enviadas dos mil cartas invitación, el 50% a mujeres y el 50 restante ahombres, a los que informaron sobre el programa de vivienda para quienes tienen menores ingresos, propuesta que estará disponible en agosto.

Si bien hay una primera meta de construir mil 611 viviendas para entregarse en febrero del año próximo(y son parte de un proyecto de 13 mil 519 para el estado de Tamaulipas); Tampoco podemos pasar por alto que en todo el país serán construidas siete mil 612viviendas en el mismo periodo. Estas cifras ponen de manifiesto un trato preferencial para nuestra entidad.

CONTRATAN NUEVA DEUDA PARA EL ESTADO. – Apenas estábamos festejando la reducción dela deuda pública de Tamaulipas en 700 millones de pesos (1º de julio pasado),cuando el Congreso local de Tamaulipas, anunció la aprobación para contratar una nueva deuda de hasta mil millones de pesos, para obras de infraestructura, para salud y medio ambiente.

El endeudamiento privado o público, siempre será muy cuestionado, pero también sabemos que es una manera de crecer, y si se realiza con pulcritud el procedimiento, en lo que se refiere a la aplicación del capital que se recibe en préstamo, es la única forma de realizar obras, adquisiciones de equipo, y en general mejorar la maquinaria que mueve en este caso al gobierno.

Sea como sea, los diputados de la Permanente, autorizaron al Ejecutivo Estatal la contratación del financiamiento en el mercado bursátil. Durante sesión de la Diputación Permanente, legisladores autorizaron al Ejecutivo Estatal gestionar este financiamiento a través de la Secretaría de Finanzas en el mercado bursátil nacional, los datos que proporcionó el Poder Legislativo previenen que esta maniobra crediticia se encuentra alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 y se dan dentro del Marco de Financiamiento Sostenible, basado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable dela ONU.

Esto en cristiano quiere decir que los recursos estarán enfocados en proyectos de alto impacto como son las obras hidráulicas y de saneamiento, que son la principal demanda en el Tamaulipas de ahora y con mirada en el futuro. Sobra decir, que como lo marca la ley, todas estas actuaciones tienen que darse dentro de un marco de sustentabilidad, que garantice la vida y desarrollo de las futuras generaciones.

El financiamiento estará garantizado con participaciones federales y, de acuerdo con lo aprobado, se mantiene dentro del límite de endeudamiento sostenible establecido por la Ley de Disciplina Financiera. Cabe señalar que en noviembre del año pasado el Gobierno de Tamaulipas gestionó un financiamiento por mil 123 MDP para proyectos prioritarios.  La nueva solicitud está en manos del Congreso local, y precisamente este 15 de julio debió ser votada.

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