Las Vegas revocan acuerdo para colaborar en detención de migrantes

La ciudad de Las Vegas (Estados Unidos.) revocó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitía la colaboración de las autoridades locales para la identificación y detención prolongada de indocumentados con miras a la deportación.

La ciudad “determinó revocar el acuerdo 287(g) con ICE y no detendremos a los reclusos basados en órdenes federales prolongadas de inmigración debido a un fallo de la corte de California”, señaló este jueves el gobierno local en su cuenta de Twitter.

En septiembre pasado un juez federal de California prohibió a ICE que emita órdenes de arresto de inmigrantes a partir de bases de datos de cárceles locales, al advertir que pueden contener información incompleta o con errores.

Bajo la 287(g) ICE emite los polémicos “detainers” a las policías locales, con los que busca que estas retengan a indocumentados que suelen ser arrestados por delitos menores durante más del tiempo establecido por la ley, sin la orden de un juez, y con el propósito de su deportación.

Nos gustaría recordarle al público que nuestra cárcel de la ciudad es solo para delitos menores”, manifestó el Gobierno de Las Vegas.

Entre tanto, la Policía señaló que continuará deteniendo inmigrantes indocumentados que hayan cometido crímenes violentos en el condado Clark, donde está Las Vegas.

El alguacil del condado, Joseph Lombardo, aseguró que confía en que este cambio “no va a obstaculizar la capacidad de la policía para combatir el crimen violento”.

ICE por sus parte señaló en un comunicado que la decisión “solo beneficiaría a los delincuentes” y que “hará que los residentes del condado de Clark estén menos seguros”.

El fallo de California también impide que ICE ordene detener a migrantes que son liberados de cárceles en localidades que no han autorizado a la policía a colaborar con los agentes de inmigración, conocidas como “santuario”.

Las jurisdicciones “santuario” son más de 200 territorios de Estados Unidos que se niegan a colaborar con el Gobierno para deportar a los indocumentados en programas que no son de obligatorio cumplimiento.