Entre constructores retumba el miedo; temen deportación

Minutos antes de ir a trabajar bajo las calles de Washington, los trabajadores de construcción salvadoreños repasaron los proyectos que habían terminado para los residentes de la ciudad: túneles de aguas pluviales, nuevas líneas de metro y estaciones de tren.

La decisión migratoria del gobierno de Donald Trump tendrá repercusiones económicas en otras ciudades, pero pocas la resentirán tanto como Washington. Una quinta parte de los trabajadores de la construcción de la capital está ahí debido al programa Estatus de Protección Temporal.

Los contratistas advierten que los proyectos se retrasarán y los costos podrían elevarse si los trabajadores son enviados a sus países o se quedan de manera ilegal. La mayoría es de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

“Si los perdemos, no será fácil reemplazarlos”, dijo Rick DiGeronimo, vicepresidente de Independence Excavating, constructora que tiene varios proyectos en la capital del país. Casi  una tercera parte de sus trabajadores son beneficiarios.

El sector de la construcción resultó atractivo para los recién llegados de El Salvador pues no se requería de aptitudes especiales ni que supieran inglés, explicó Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, organización de apoyo a inmigrantes latinos.

El programa no es una vía para obtener la ciudadanía, pero la mayor parte de estos trabajadores no pensó que enfrentaría la deportación. Muchos han vivido en EU de manera legal desde hace casi dos décadas. Algunos han comprado casas y autos y tienen hijos que son ciudadanos estadunidenses.

Casi 46 mil personas forman parte del programa en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, según el Center for American Progress. En general, el área de Washington alberga a unos 200 mil salvadoreños, el grupo más grande de residentes extranjeros de la región.

“No tiene sentido. Pago mis impuestos, nunca he tenido problemas con la ley, y soy propietario de una casa. No entiendo por qué tratan de echarnos”, afirmó Alexander Garray, beneficiario.

El caso se remonta al apoyo que dio Estados Unidos al gobierno de El Salvador durante la guerra civil del país centroamericano en los 80, explica el representante de Massachusetts, Jim McGovern. Como empleado del congreso en ese entonces, McGovern ayudó a elaborar la legislación que creó el programa como parte de la ley de inmigración de 1990.

“Estábamos apoyando a un gobierno y a un ejército que eran responsables de gran parte de la violencia”, comentó.

Los originarios del país centroamericano ahora conforman 60 por ciento de los beneficiarios, según el Servicio de Investigación del Congreso. Con el tiempo el programa se extendió a ciudadanos de diez países más.

En 2018, el gobierno de Trump decidió finalizar el estatus de protección para los inmigrantes provenientes de seis de los países —El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán— con el argumento de que nunca estuvo destinado a proporcionar un refugio permanente.

No obstante, los trabajadores dicen que para ellos y para sus hijos es impensable irse a El Salvador, donde prevalece la pobreza y la violencia pandillera. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) persuadieron a un juez federal en San Francisco para que emitiera una orden judicial preliminar en octubre con el fin de bloquear la deportación.

El gobierno de Trump ha apelado este dictamen y los expertos jurídicos dicen que el asunto podría terminar en la Corte Suprema. En junio, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que permitiría que aquellos que ya son beneficiarios del programa solicitaran la residencia permanente, pero es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado.

A escala nacional, la construcción es el segundo mayor empleador de beneficiarios (con 44 mil personas) por debajo del sector de mantenimiento de edificios y terrenos.