El financiamiento en efectivo no es un problema exclusivo de la política: Lorenzo Córdova

El crimen organizado es un problema transversal que afecta todos los ámbitos de la vida social del país e, inevitablemente, también el ámbito electoral, señaló el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Al participar en el Seminario “El Crimen Organizado en las Elecciones”, explicó que la intromisión del crimen organizado en el ámbito electoral se da a partir de dos vías: la primera, mediante candidaturas que son cooptadas o impulsadas desde organizaciones delincuenciales y, en segundo lugar, mediante el financiamiento ilícito.

Advirtió que la captura o imposición de candidaturas por parte del crimen organizado es un fenómeno presente y focalizado, más no generalizado.

“Este es un problema de las autoridades de seguridad en el que muchas veces se ha querido introducir o colocar al INE, la responsabilidad de quien postula a un candidato es, en primera instancia, del partido y definir si hay vínculos o no con el crimen organizado, de las instancias ministeriales”.

Durante su participación en el seminario convocado por El Colegio de México, el Presidente del INE afirmó que no se le puede pedir al órgano electoral que supla a las autoridades ministeriales.

“Si hay un candidato que está vinculado con el crimen organizado, perseguirlo no es una responsabilidad del INE, sino de las autoridades competentes”, dijo.

En cuanto a la introducción de la delincuencia organizada por la vía financiera en las elecciones, Lorenzo Córdova mencionó que en este plano el INE está mucho más involucrado, ya que es una de sus atribuciones la de auditar que los ingresos y los gastos de los partidos políticos, particularmente durante las campañas, se apeguen a las reglas electorales y no provengan de fuentes lícitas.

Invitado por el académico Sergio Aguayo, Lorenzo Córdova mencionó que el gran reto de la fiscalización de las campañas es el efectivo.

“En estos seis años del INE, no hemos logrado identificar o identificado ningún caso de financiamiento directo del crimen organizado a las campañas. Hemos identificado muchos casos de financiamiento ilegal, como dineros provenientes del erario público en los distintos niveles, federal, local y municipal, pero el problema de los recursos del crimen organizado es el efectivo”, dijo.

El financiamiento a la política en efectivo es un problema no exclusivo de la política o de las elecciones, es un problema nacional, señaló, y agregó que el Fondo Monetario Internacional establece que entre más desarrollada o grande es una economía mayor grado de la bancarización de los recursos.

“México representa una paradoja, porque a pesar de que la economía en México ha crecido, también ha crecido el porcentaje de manejo del efectivo. Hay dos razones fundamentales: la economía informal que representa el 54% de la ocupación en el país y, por supuesto, la criminalidad organizada”, añadió.

En este sentido, refirió Córdova, el dinero en efectivo le genera a la autoridad electoral la imposibilidad de rastreo, por ello no se permiten aportaciones en efectivo mayores a 90 UMAS.

INE apuesta por colaboración ciudadana en la fiscalización

Ante la presencia de efectivo en las contiendas, el INE realiza seguimiento del “objeto de gasto” de partidos y candidatos durante las campañas, a través de la verificación y auditoría de eventos, concentraciones, actos de campaña, espectaculares, mensajes en redes sociales, videos, bardas, etcétera; para poder ver en qué gastan el dinero partidos y candidatos, y si los recursos utilizados son mayores a los ingresos reportados para, en su caso, investigar y sancionar.

Ante académicos y especialistas, Córdova Vianello destacó que, evidentemente, no basta con estas acciones, ya que aún es necesario fortalecer la fiscalización del INE; sin embargo, contratar a los auditores y auditoras necesarios para verificar la totalidad de los gastos sería muy costoso, por lo que la apuesta de la autoridad electoral es a la participación ciudadana.

“El escenario ideal sería que cualquier ciudadano pudiera estar nutriendo la fiscalización y no sólo sea la autoridad. Hoy un ciudadano puede ir y reportar un gasto o acto de campaña o espectacular y nosotros tomamos nota y lo incorporamos”.

Córdova explicó que el reto aun es pensar cómo se logra abrir, con el uso de la tecnología, esa capacidad de las y los ciudadanos de auxiliar al INE en la fiscalización.

Caso Lozoya-Odebrecht y Pío López Obrador

Ante las denuncias de dinero ilícito en el caso de Pío López Obrador, donde se supone el financiamiento ilegal o no reportado al INE con fines electorales, el Consejero Presidente señaló que el Instituto radicará las denuncias presentadas hasta el momento e iniciará las indagatorias.

“Las denuncias están presentadas y tenemos que indagar. El INE cuenta con distintos protocolos de investigación según el caso de que se trate y ello implica detonar distintas actuaciones y requerimientos a otras autoridades incluyendo la Fiscalía”.

Respecto al caso Lozoya-Odebrecht enfatizó que éste se lleva en la Fiscalía General de la República y, en caso de que existan faltas de índole electoral, es la Fiscalía quien deberá dar parte al INE.

“Yo estoy en buena comunicación con el Fiscal y si hay alguna falta electoral habrá que ver cuáles son los contenidos, qué indagatorias se tendrán que realizar, si se tendrá que abrir un nuevo caso o si hay pruebas supervenientes y casos cerrados pueden reabrirse”.

En este sentido, la colaboración entre las autoridades debe ser mucho más fluida de lo que es hoy para que el intercambio de información pueda nutrir el sistema para combatir y sancionar la corrupción, concluyó Córdova.

Durante el seminario participaron Fernando Nieto Morales, académico del Centro de Estudios Internacionales, Jesús Cantú, ex consejero electoral del IFE; Jacqueline Peschard, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ex consejera electoral del IFE; el académico Reynaldo Yunuen Ortega y Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada del Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad, de la Universidad de Texas en Rio Grande Valley.