El arte de la fuga
Por: Desiderio García Sepúlveda
Marx Arriaga: cuando la ideología sustituye a la autocrítica
La salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos no es un simple relevo administrativo: es el síntoma de una Secretaría de Educación Pública atrapada entre la defensa ideológica y la incapacidad de corregir errores. El episodio —que incluyó versiones de atrincheramiento y desalojo— desnuda algo más profundo: la fragilidad institucional de la política educativa en tiempos de la llamada cuarta transformación.
Arriaga no era un funcionario menor. Doctor en Filología, académico con trayectoria y pieza clave en el sexenio anterior de la construcción de la Nueva Escuela Mexicana, fue el rostro visible de los nuevos libros de texto gratuitos. Desde esa trinchera defendió tesis que polarizaron el debate público: que leer por placer es un acto “capitalista”, que los múltiples errores en sus libros de texto eran apenas “áreas de oportunidad” y que el modelo debía mantenerse intacto como parte del legado político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El problema no es la discusión pedagógica —toda reforma educativa genera tensiones—, sino la negativa sistemática a reconocer fallas evidentes. Los libros distribuidos en el ciclo 2023-2024 acumularon señalamientos por imprecisiones históricas, errores gramaticales y enfoques poco claros. Frente a ello, la respuesta oficial fue minimizar, no corregir.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: los libros no cambiarán, salvo para incorporar más contenido sobre mujeres en la historia. El secretario Mario Delgado Carrillo, por su parte, sostiene que se ofrecieron alternativas a Arriaga y que la diferencia de fondo radicaba en la posibilidad de introducir ajustes. Es revelador: mientras el funcionario defendía no mover “ni una coma” por lealtad al proyecto, la autoridad educativa actual sugiere que fortalecer la educación implica algo más que custodiar un legado.
Aquí está el fondo del asunto. La educación pública no puede convertirse en monumento ideológico ni en campo de batalla simbólico. Su función es formar ciudadanos críticos, no blindar narrativas políticas. Cuando la discusión se centra en preservar herencias y no en evaluar resultados, el sistema pierde credibilidad.
El caso Arriaga no es sólo la caída de un funcionario polémico. Es la prueba de que la Secretaria de Educación Pública necesita más transparencia, más evaluación técnica y menos trincheras discursivas. Si la Nueva Escuela Mexicana aspira a consolidarse, deberá demostrar que puede corregir sin asumir que rectificar es traicionar. En educación, la lealtad no es al pasado ni a un nombre propio; es al aprendizaje de millones de estudiantes.
