El arte de la fuga

Por: Desiderio García Sepúlveda

Las tijeras de la justicia

­La nueva Suprema Corte de Justicia arranca con un gesto que suena a disciplina republicana: recortes presupuestales, cancelación de privilegios y la promesa de una administración más austera. Pero detrás de ese mensaje que parece alineado con la narrativa oficial de “hacer más con menos” surge una pregunta incómoda: ¿se trata de un acto de congruencia con la ciudadanía o de un paso hacia el debilitamiento de este poder frente al Ejecutivo?

La austeridad, en teoría, debería traducirse en eficiencia. Sin embargo, en un sistema judicial saturado, con tribunales desbordados y expedientes que se apilan como montañas de papel, recortar recursos es como pedirle a un maratonista que corra descalzo. La Corte no solo resuelve controversias constitucionales; también es el último dique frente a decisiones que pueden vulnerar derechos fundamentales. ¿Queremos jueces que enfrenten al poder político con un presupuesto raquítico?

Lo bueno, es que en teoría los tiempos de viáticos desproporcionados, sueldos dorados y gastos injustificables van a terminar. La justicia no puede seguir aislada en una burbuja mientras el país exige transparencia. Pero confundir privilegios con capacidad institucional es un error costoso. Porque la independencia judicial también se construye con recursos: salas equipadas, personal capacitado, peritos independientes y acceso a tecnologías modernas.

Lo malo es que este arranque refuerza la idea de que el Poder Judicial debe ceder ante el discurso político dominante. Y lo feo es que los ministros integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, después de su toma de protesta olvidaron de inmediato la narrativa de austeridad con un festejo privado en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. Una postal que contradice en una noche lo que la Corte promete en sus discursos.

Si algo queda claro es que la austeridad mal entendida puede convertirse en un arma política. La pregunta no es cuánto ahorra la Corte, sino qué tan caro nos costará un tribunal debilitado cuando llegue la próxima controversia que toque intereses del poder. ¿Quién gana si la justicia pierde voz? ¿El ciudadano común que espera un fallo justo, o el político que prefiere un árbitro complaciente?

La nueva Corte inicia, sí, con tijeretazos. Pero lo que está en juego no son simples cifras en un presupuesto: es la fortaleza del último muro que contiene a nuestra democracia. Y cuando ese muro se agrieta, lo que se derrumba es la confianza de un país entero en que la justicia aún puede ser poder, y no oficina subordinada