El arte de la fuga
Infancia y violencia
Por Desiderio García Sepúlveda
En el discurso oficial, los niños ocupan el centro de la estrategia para combatir la violencia en México. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha declarado que el programa “Atención a las Causas” está “dedicado a la infancia” y que, bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja con la premisa de que “infancia es destino”.
Pero en un país donde casi 18 millones de menores viven en pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval- 2022), es válido preguntarse: ¿estamos frente a una estrategia estructural o frente a una narrativa que maquilla la ausencia de políticas públicas integrales?
La secretaria de Gobernación asegura que se han realizado en el país cerca de 100 mil visitas a comunidades y que se han organizado 122 Ferias de Paz, espacios donde se promueven actividades culturales, deportivas y de convivencia. También destaca la recuperación de zonas por el programa Senderos de Paz, pensado para garantizar la seguridad de trayecto, sobre todo para mujeres y niñas. Estas cifras, aunque llamativas, no nos dicen mucho si no están acompañadas de resultados tangibles.
El problema de fondo es estructural. Los niños no eligen la violencia como camino: muchas veces no tienen otra alternativa. La falta de acceso efectivo a salud, alimentación y educación sigue siendo una constante en comunidades marginadas.
Según datos del INEGI el porcentaje de la primera infancia en México representa el 10% de la población total. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022) reveló que de los 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años que integran la muestra, apenas el 44% acceden a servicios de cuidado o educación temprana. Esto significa que alrededor de 6.8 millones de infantes están fuera del sistema. Y la cifra se vuelve más preocupante cuando consideramos que en áreas rurales, donde vive el 26% de la población infantil, solo se encuentra el 2.2% de los Centros de Atención Infantil (CAI). Así, el Estado mexicano abandona a los más vulnerables y mantiene las desigualdades sociales desde el arranque de la vida.
La promesa de que los programas sociales les darán opciones contra la delincuencia suena bien en el discurso, pero necesita estar acompañada de reformas profundas. ¿Dónde está la inversión en infraestructura escolar, en atención psicológica comunitaria o en la profesionalización del personal que atiende a estos menores?
El enfoque de “colonias prioritarias” es otro punto a revisar. Si bien es estratégico intervenir en zonas con alto índice delictivo, también puede generar una atención desigual o estigmatizante. La paz no puede depender únicamente del despliegue territorial del gobierno; requiere conexión social, empleo digno para los adultos responsables de esos niños y garantías reales de derechos.
Además, la narrativa de Rosa Icela Rodríguez refuerza la idea de que se trata más de una operación logística que de una política pública con enfoque de derechos. Mientras no se asegure que estas acciones son parte de una estrategia interinstitucional, con presupuesto sostenido, metas claras y evaluación independiente, se corre el riesgo de repetir el ciclo: programas que empiezan con bombo y platillo, pero que terminan siendo irrelevantes frente a la magnitud del problema.
La infancia en México necesita mucho más que ferias y visitas. Necesita decisiones de Estado que garanticen entornos seguros, alimentación, educación de calidad y posibilidades reales de futuro. Si la premisa es que “infancia es destino”, entonces el destino de millones sigue estando en manos de una política pública que, por ahora, parece más reactiva que transformadora.
