El arte de la fuga
Por: Desiderio García Sepúlveda
Un laberinto judicial: entre la incertidumbre y el riesgo de infiltración
La próxima elección judicial en México, lejos de ser un proceso ordenado y transparente, parece deslizarse hacia un territorio incierto donde la confusión y la desconfianza aumentan a medida que se acercan las fechas clave. Con las campañas judiciales a punto de comenzar, la falta de claridad en las reglas y la aparente improvisación de las autoridades plantean preguntas críticas: ¿está preparado el sistema para garantizar elecciones limpias y justas? ¿O nos encaminamos hacia un proceso debilitado desde su inicio?
Uno de los primeros puntos de preocupación es la ambigüedad respecto a qué tipo de actividades pueden realizar las y los candidatos sin caer en actos prohibidos. Las reuniones en plazas públicas, por ejemplo, podrían ser interpretadas como mitines encubiertos. Esta indefinición es peligrosa, porque abre la puerta a interpretaciones discrecionales y posibles sanciones arbitrarias que podrían politizar el proceso.
A esto se suma el hecho de que las contraseñas para registrar los gastos de campaña apenas fueron entregadas, dejando a los candidatos con poco tiempo para cumplir con sus obligaciones de fiscalización. En un entorno donde cada movimiento económico debería estar escrupulosamente vigilado, la demora en proporcionar las herramientas necesarias genera una sensación de caos administrativo que erosiona la confianza ciudadana.
Y como si esto no fuera suficiente, los perfiles de los aspirantes a jueces todavía están en proceso de captura, lo que limita la posibilidad de que la ciudadanía conozca a quienes buscan ocupar un lugar en el Poder Judicial. Con cientos de candidaturas en juego, la falta de información oportuna es un obstáculo para el voto informado y un golpe a la participación democrática.
A menos de dos meses de que se lleven a cabo las elecciones del Poder Judicial de la Federación a nivel local en 19 estados, ocho entidades ya han sido marcadas como focos rojos debido a la elevada posibilidad de intromisión del crimen organizado. Según el análisis del Programa de Seguridad de México Evalúa, en estos territorios existe un riesgo significativo de que los grupos criminales busquen imponer a sus propios jueces, lo que incrementaría aún más los niveles de impunidad.
Entre las amenazas que podrían enfrentar los candidatos están: la coacción, las agresiones armadas y, en el peor de los casos, el asesinato. Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo se destacan como los estados más vulnerables ante esta amenaza latente, donde la violencia y el control territorial de los cárteles podrían extenderse hasta las estructuras judiciales.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) ha advertido sobre el riesgo de que el crimen organizado infiltre este proceso electoral. Según su directora, Juana Fuentes Velázquez, la reforma judicial impulsada por el partido gobernante, Morena, ha debilitado los contrapesos y generado condiciones que podrían facilitar esta amenaza.
En un contexto marcado por una crisis de derechos humanos y el descubrimiento de presuntos campos de desaparición, la jueza no duda en encender las alarmas internacionales al advertir que lo que está en juego no es solo la carrera judicial, sino también la seguridad, la justicia y la democracia de millones de mexicanas y mexicanos. Si el Estado pierde el control sobre el Poder Judicial, pierde también su capacidad para aplicar la ley y proteger a los ciudadanos.
Las elecciones judiciales en teoría deberían ser un baluarte de la democracia y una oportunidad para renovar la confianza en las instituciones. Pero, con cada irregularidad que se suma, el tigre de la desconfianza ciudadana gana nuevas rayas.
¿Podrá el sistema revertir esta espiral negativa? La respuesta dependerá de la voluntad política para corregir el rumbo y garantizar un proceso electoral justo, transparente y verdaderamente independiente.
