El arte de la fuga
Desiderio García Sepúlveda
Ya llegó la PISA
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que México sí aplicará la Prueba PISA en 2025. Sin embargo, lo que el titular de la SEP omitió decir fue que no se trata de una decisión del gobierno federal, sino del resultado de un mandato judicial. Esta circunstancia revela una tensión preocupante entre la política educativa nacional y los compromisos internacionales en materia de evaluación.
La educación en México atraviesa una crisis profunda, evidenciada en los resultados de la Prueba PISA 2022, donde el país obtuvo una de sus peores calificaciones históricas. En ese año, México fue el tercer país peor evaluado en Matemáticas y Comprensión Lectora, así como el de menor puntaje en Ciencias.
Desde su creación en el año 2000, la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, mejor conocida como PISA, ha servido como un referente global para medir el desempeño académico en estas tres asignaturas. Sus resultados han permitido a los países evaluados ajustar políticas educativas y mejorar sus sistemas de enseñanza. En el caso de México, sin embargo, la decisión de aplicar la prueba no parece responder a una estrategia educativa clara, sino a una resolución judicial derivada de un amparo promovido por la organización Educación con Rumbo.
Los defensores de la Prueba PISA argumentan que los datos que proporciona son esenciales para el diseño de políticas públicas. Compararse con otros países permite identificar debilidades y áreas de oportunidad en el sistema educativo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que México tiene deficiencias graves en comprensión lectora y matemáticas, lo que afecta el desarrollo profesional futuro de los estudiantes.
Sin embargo, sus detractores —entre ellos la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum— sostienen que PISA es una herramienta con limitaciones. Sus pruebas estandarizadas no toman en cuenta el contexto socioeconómico ni la diversidad cultural de los países evaluados. En el caso mexicano, con altos índices de desigualdad educativa y con la implementación reciente de la Nueva Escuela Mexicana (la cual no cuenta con exámenes estandarizados), es debatible si los resultados de esta evaluación reflejarán fielmente los avances o retrocesos del nuevo modelo pedagógico.
Además, la aplicación de la prueba por mandato judicial genera incertidumbre sobre si existe un compromiso real del gobierno con la mejora educativa. Si la SEP solo cumple con la evaluación por obligación, ¿cómo garantizar que los resultados se utilizarán para mejorar la enseñanza? Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento claro sobre cómo se emplearán estos datos en la planificación educativa a largo plazo.
La educación en México necesita un enfoque serio, con evaluaciones pertinentes y estrategias de mejora basadas en evidencia. En un país con un alto porcentaje de deserción escolar, sobre todo en bachillerato, y con escuelas públicas que carecen de servicios básicos como lavabos, electricidad y agua potable, la prueba PISA no es una solución mágica, pero su aplicación podría ser útil si se integra en un plan más amplio de fortalecimiento educativo.
La decisión de aplicarla, aunque impuesta, abre la puerta a un debate necesario: ¿cómo aseguramos que los resultados sirvan para algo más que una simple estadística internacional? El desafío no es solo hacer la prueba, sino utilizar sus conclusiones para transformar de manera eficaz la educación en México.
