Dictan prisión preventiva a exsecretaria de Bienestar; audiencia de vinculación será el 1 de julio
Por Santiago Martínez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Tras una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, una jueza de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Bienestar identificada con las iniciales Y.A.C., por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, relacionado con la contratación de despensas por un monto superior a los 985 millones de pesos.
La diligencia inició la tarde del jueves y concluyó durante la madrugada de este viernes, luego de varios recesos. No obstante, la medida cautelar no podrá ejecutarse por el momento, debido a una suspensión otorgada por un Juzgado de Distrito que impide que la imputada sea privada de su libertad mientras continúa el proceso judicial.
La audiencia se desarrolló con restricciones de acceso, a petición de la defensa, al existir un amparo para proteger los datos personales de la exfuncionaria.
Durante la exposición de los antecedentes de la investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó contratos, facturas, requisiciones, documentos administrativos y otros elementos de prueba para sostener que la exsecretaria habría participado en la contratación de más de dos millones de despensas mediante adjudicaciones directas entre 2021 y 2022.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos fueron asignados sin llevar a cabo procesos de licitación pública, pese a que los montos rebasaban los límites establecidos por la legislación aplicable. Entre los convenios señalados se encuentran cuatro contratos que, en conjunto, ascienden a 985.2 millones de pesos.
Por su parte, la defensa argumentó que los contratos fueron suscritos por otras autoridades y cuestionó diversos elementos de la investigación, al considerar que no existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidad directa a la exservidora pública.
Al ser consultada por la jueza sobre si deseaba rendir declaración, la imputada respondió únicamente: “Es mi deseo guardar silencio”.
La audiencia para resolver la situación jurídica de la exsecretaria fue programada para el próximo 1 de julio, fecha en la que la jueza determinará si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.
El caso ha generado interés público debido al monto de los recursos presuntamente involucrados y a que los contratos estaban destinados a la adquisición de despensas para programas sociales con cobertura en los 43 municipios de Tamaulipas.
