Científico chileno y mensajero de los extraterrestres dice que la vacuna contra COVID-19 no debe ser obligatoria

Por: José Gregorio Aguilar Torres.

El científico e investigador chileno,  Luciano Pardo, afirmó que ningún gobierno del mundo puede aplicar la vacuna contra el COVID-19 si el ciudadano no lo desea, pues esta debe ser una decisión personal y voluntaria.

Entrevistado por ORT NOTICIAS,  el también mensajero de los extraterrestres que habitan en el sector de Pléyades  en  la constelación de Tauro, dijo que el mensaje que envían esos seres superiores es el de recordar a la humanidad  que los individuos son libres y con capacidad para elegir.

Durante la extensa charla en la que el tema central fue la eventual aplicación de la vacuna contra el Coronavirus, Luciano Pardo refirió que la mayoría de los países tienen una débil economía y problemas monetarios, por lo mismo están sometidos a poderosos organismos financieros que condicionan su apoyo económico a cambio de implementar las políticas que les dictan esos gobiernos, como en este caso, la aplicación de dicha vacuna.

Por tal razón, los líderes de esas naciones  se han negado a emplear el clorito de sodio para atacar el Coronavirus porque no les conviene, ya que esa sustancia contiene un potente efecto desinfectante que destruye todas las bacterias y patógenos, protege las células y refuerza el sistema inmunitario.

Luciano Pardo,  quien afirma haber  sido contactado por los seres pleyadianos  más de 36 veces desde el año 1965, asegura que aún  tiene  contacto con esos seres espaciales y que incluso, muchos habitan en la tierra, en grandes naves diseñadas como ciudades, en lugares subterráneos o submarinos.

Según él, la OMS también es cómplice de esa gran mentira que se ha creado en torno al COVID-19; el virus existe, aclaró, y sí ha causado muertes que se hubieran podido evitar, pero no usando cubre bocas y otras medidas que los gobiernos promueven.

Por último, dijo que si se obliga a personas de cualquier país como México, a aplicarse la vacuna, ellas pueden recurrir a  tribunales internacionales para que los gobiernos de sus países respeten ese derecho a elegir.