ASF emite promoción de responsabilidad a servidores públicos de Nuevo León
La Auditoria Superior de la Federación emitió una promoción de responsabilidad a servidores públicos del gobierno de Nuevo León, y en 2017, 33 promociones para la mismo, dentro de la revisión de las cuentas públicas de esos años, por irregularidades que van desde hacer depósitos de dinero federal en las locales, no utilizar cientos de miles de vacunas para prevenir enfermedades y observaciones en la utilización de decenas de millones de pesos.
Lo anterior, la ASF lo dio a conocer en sus informes de auditorías 2017 y 2018 de cumplimientos financieros, en las que, por ejemplo, en 2017 emitió 4 observaciones por más de 90 millones de pesos y 13 recomendaciones.
Por ejemplo, con respecto a 2017, destaca una promoción para iniciar ese mismo procedimiento en contra de los servidores públicos de Nuevo León que en la Secretaria de Salud no contaron con la documentación que acredite la salida de 147 mil 880 y 170mil 430 dosis de vacunas, del almacén central de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León equivalentes al 100% de dosis recibidas para el programa de vacunación universal.”
Esas dosis fueron recibidas por la entidad entre el 15 de julio y noviembre de 2017, pero no se cumplió con el convenio de colaboración celebrado entre la federación y la entidad.
Esta investigación se encuentra en la auditoria 227 de cumplimientos financieros de la cuenta pública 2017.
En adición, ese año, se solicitó una investigación a la auditoria estatal una investigación por posibles responsabilidades de funcionarios públicos de la entidad, que pagaron con recursos federales a 84 servidores públicos por encima de los tabuladores autorizados, esto por un monto de 3.3 millones de pesos.
En tanto, en la auditoria de inversión física de ese mismo año, se observó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 29.1 millones de pesos en la adquisición de concreto premezclado y pilas de cimentación para el Sistema de Transporte Colectivo, el Metrorey, en el que no se justificó el cálculo de más de 33% de “desperdicio de concreto”.
