El costo de la vivienda está llevando a tres de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe a reducir otros gastos, utilizar sus ahorros o asumir trabajos adicionales; según el estudio ‘Un hogar, pero ¿a qué costo?‘, de la ONG Hábitat para la Humanidad.
La investigación, que en su versión global recoge experiencias de 30 mil 758 personas en 22 países, apunta que el 75 % de los encuestados redujo al menos un gasto durante el último año para cubrir los costos de vivienda. A detalle, el 33 % recortó gastos en alimentos, el 32 % utilizó ahorros o fondos de emergencia y el 13 % retrasó o evitó atención médica.
Según el vicepresidente de Área para la región de Hábitat para la Humanidad, Ernesto Castro, afecta a más del 40 % de la población, mientras que unos 120 millones de personas viven en asentamientos informales y más del 78 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad.
Las familias no tienen los recursos para acceder a una vivienda o muchas veces a un alquiler, y por la altísima informalidad no pueden acceder al financiamiento. Entonces, esto se convierte en una doble exclusión“, explica.
Formar una familia se vuelve más difícil
Según el estudio, la presión alcanza decisiones de largo plazo: el 56 % de los encuestados en esos países afirma que los costos de vivienda dificultan considerar la posibilidad de formar una familia, porcentaje que sube al 62 % entre la Generación Z y los millennials.
Más del 80 % de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas o periurbanas, según Castro, lo que hace que el encarecimiento de las viviendas en las ciudades empuje a muchas familias hacia zonas periféricas, alejadas de sus empleos y obligadas a asumir mayores costos y tiempos de transporte.
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La investigación, realizada en Argentina, Barbados, Brasil, Guatemala, México y Trinidad y Tobago, muestra además que el 74 % considera que muchas personas viven en edificaciones que no son seguras, mientras 18 % afirma que su domicilio no los protege adecuadamente frente al calor, el frío o las inundaciones.
Para Ernesto Castro, una parte del problema está en el diseño de las políticas públicas, pues existen hogares que superan los límites para acceder a subsidios pero cuyos ingresos siguen siendo insuficientes para obtener financiación formal.
En ese caso, el experto propone revisar esos criterios y considerar los ingresos de las familias independientemente de que procedan de empleos formales o informales.
Con información de EFE
