SIN CORTAPISAS

Por: Claudia Vázquez Andrade
Cerrando puertas
En donde se fueron de vacaciones y dirán muy seguramente qué con la satisfacción del deber cumplido, fue en el Congreso de Tamaulipas, pues los legisladores locales cerraron un período más con una modificación al Código Municipal, que establece, que una simple vinculación a proceso ya no será impedimento para ocupar, o aspirar a una alcaldía, sindicatura o regiduría, salvo cuando se decrete prisión preventiva como medida cautelar.
La iniciativa fue presentada por el diputado Claudio de Leija Hinojosa, y la sustentó en la necesidad de armonizar las normas locales con la Constitución, de igual manera con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral.
Y debe ser, pues finalmente, como dicen los jurisconsultos, en estos casos ya existe jurisprudencia, y con ello evitarán pérdidas de tiempo y pleitos o desencuentros sin sentido, es decir; con esto se dejan las reglas claras para el próximo proceso electoral.
Así que, se podría presumir, porque en política se dice que nada es causalidad o circunstancial, que la famosa reforma tiene dos lecturas.
Una, la bienintencionada, y esta es que la “reforma” trata de evitar que personas que tienen pendientes con la justicia lleguen al poder y se escuden con el fuero que da un puesto de elección popular.
Y Dos; la maliciosa o malintencionada, que con ello tratan de evitar o pretenden cerrarle el paso en una contienda a hombres y mujeres que tienen presencia real entre la ciudadanía, pero que enfrentan problemas con la justicia, incluso que están no solo vinculados a proceso, sino que cuentan con una prisión preventiva.
Por supuesto que los ejemplos existen, pero sería oficioso nombrarlos, pues finalmente en esos casos les asistiría la razón al inconformarse por el señalamiento. O bien dirían que es violencia política de género.
Pero finalmente con esta reforma hay que decir que las reglas quedaron claras y que la puerta está cerrada para quienes estén en este supuesto, pero, además, que aquellos que habiendo sido electos y terminen imputados y con dictamen de prisión preventiva como medida cautelar, pues serán separados del cargo y su nombramiento revocado.
Así que, alcaldes, síndicos y regidores deberán tomar conciencia, que además de las cuentas públicas, cualquier acusación por un delito doloso, podría terminar con el encanto queda el ganar una elección.