SIN CORTAPISAS

Por: Claudia Vázquez

PAN y la política del castigo
Los panistas presentaron en el congreso de Tamaulipas una iniciativa para castigar a los abusadores sexuales de menores de edad, con la castración química que es el uso de medicamentos hormonales, y la “muerte civil”, bajo el argumento de que, quienes destruyen la vida de una niña o un niño deben enfrentar consecuencias que los persigan incluso después de abandonar la cárcel, además de perder todo tipo de apoyos sociales.
Sin lugar a duda que la iniciativa del diputado Gerardo Peña Flores, traerá consigo opiniones divididas entre la seguridad, la medicina y los derechos humanos.
Diversos estudios médicos indican que el uso de medicinas disminuye drásticamente el impulso sexual, logrando que los casos de reincidencia en agresores disminuyan considerablemente, además; la castración química es reversible.
Sin embargo, por el lado de los derechos humanos; organismos internacionales, consideran que la medida constituye una pena cruel e inhumana. Y vulnera el principio constitucional de que las penalidades deben buscar la resocialización del individuo, no el castigo corporal.
En este punto el diputado panista, dijo que la “medida” no se puede considerar cruel o contraria a los derechos humanos, sino que se trata de una herramienta de protección social basada en el principio de no repetición.
En pocas palabras, el legislador de acción nacional asegura con ello se garantiza la tranquilidad de la víctima. Y esta “acción”, es adicional a la penalidad de privación de la libertad que se aplique en apego a la misma ley.
De acuerdo a la propuesta de Gerardo Peña Flores, la iniciativa frenaría la comisión de un acto de esa naturaleza, porque el violentador ya conocería de antemano la consecuencia en el caso de cometer dicho delito.
Pero, se podría cuestionar el por qué este “castigo” se impondría solamente a un violentador de menores, y no generalizar la penalidad.
Además; también surge el cuestionamiento a la credibilidad, no a la aplicación de justicia, sino a la investigación, porque hay antecedentes de falsas acusaciones, las cuales en el pasado provocaron el descrédito del acusado y el rechazo social, incluso, personas que hasta su familia y empleo perdieron, por una falsa acusación y al final, ni siquiera una disculpa les dieron.
Sin embargo, hay quienes aseguran que la propuesta debe entrar en un análisis y debate, porque el abuso no es un problema menor, y tampoco las penalidades que se imponen.
Por lo pronto la iniciativa ya fue presentada por el diputado del partido acción nacional y se encuentra en comisiones, habrá que esperar el posicionamiento de la oposición, y dado el impacto social, también la reacción de la sociedad civil