Ética o control
El Arte de la Fuga
Por Desiderio García Sepúlveda
La creación del Colegio de Periodistas de Tamaulipas se presenta como un avance en ética y profesionalización. En realidad, abre la puerta a algo más inquietante: un mecanismo de control indirecto sobre la prensa.
La iniciativa, impulsada en el Congreso local, propone un organismo con facultades para emitir recomendaciones éticas, analizar quejas y hacer “extrañamientos públicos”. No contempla sanciones legales. Pero ese es precisamente el punto: el control moderno rara vez necesita castigos formales. Basta con afectar la reputación.
En un entorno donde la presión política sobre los medios es constante, un señalamiento público puede ser tan efectivo como una multa o una censura directa. No hace falta prohibir para disciplinar; basta con exhibir.
El problema no es la ética. Nadie discute la necesidad de mejorar estándares ni de fortalecer la formación profesional. El dilema es quién define esa ética y desde dónde. Aunque se insista en que el organismo sería autónomo y de adhesión voluntaria, su origen en el poder legislativo introduce una duda inevitable: la cercanía con el Estado.
Y cuando el Estado se acerca al periodismo para “ordenarlo”, la historia suele terminar mal.
No es una preocupación teórica. Desde 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que cualquier mecanismo que condicione el ejercicio periodístico —directa o indirectamente— es incompatible con la libertad de expresión. Un órgano que emite juicios públicos sobre periodistas, aunque no sancione, puede generar un efecto inhibidor real: autocensura.
Hay, además, una contradicción de fondo. La iniciativa se inserta en una ley diseñada para proteger a periodistas frente a agresiones. Sin embargo, introduce un componente que puede volverse disciplinario. En un país donde informar sigue siendo una actividad de riesgo, desviar el enfoque hacia vigilar al propio gremio no solo es cuestionable: es un error de prioridades.
A esto se suma la opacidad. No hay reglas claras de operación, ni garantías sólidas de independencia, ni un diseño institucional que evite su captura política. México conoce bien ese tipo de organismos: nacen con buenas intenciones y terminan como instrumentos decorativos o, peor, como herramientas de control.
La ética periodística no se decreta. Se construye desde la independencia, la práctica y la credibilidad. Convertirla en materia de supervisión institucional, impulsada desde el poder, no la fortalece: la debilita.
La pregunta en Tamaulipas no es si el periodismo necesita mejores estándares. La pregunta es si este modelo busca elevar o controlar a quienes lo ejercen.
