El arte de la fuga

Por Desiderio García Sepúlveda

Blindar las elecciones

Desde hace tiempo dejó de ser una sospecha para convertirse en una realidad: el crimen organizado no solo disputa territorios, también compite por el poder político. El caso del exalcalde de Tequila, Diego Rivera, detenido por extorsión y colusión criminal, es una postal brutal de lo que ocurre cuando el dinero y la intimidación atraviesan sin filtros el sistema electoral.

En ese contexto llega la anunciada reforma electoral del gobierno federal, presentada como un blindaje contra el dinero ilícito. Más fiscalización, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. El planteamiento suena correcto, pero insuficiente. El problema no es solo cuánto se gasta en campañas, sino quién financia, a quién responde el candidato y qué intereses lo acompañan desde antes de pedir el voto.

Hoy el marco legal ya contempla causales de nulidad por uso de recursos ilícitos. El problema es que casi nunca se prueban o no se consideran “determinantes”. Ahí está el antecedente de Michoacán en 2021: el Tribunal Electoral reconoció la presencia de grupos armados en casillas, anuló votos, pero validó la elección. El mensaje fue demoledor: incluso con evidencia de violencia criminal, la democracia aguanta… hasta donde convenga.

En el Congreso hay propuestas más radicales, partidos de oposición y organizaciones civiles han planteado anular elecciones cuando se pruebe la intervención del crimen organizado, e incluso retirar el registro a partidos que se beneficien de ello.

Mientras tanto, el debate se distrae con la reducción del financiamiento público. Ahí hay otro riesgo. Como advierten especialistas, debilitar el financiamiento estatal abre la puerta a donantes privados opacos y, en el peor escenario, al dinero sucio. Menos dinero legal no significa campañas más limpias, sino campañas más dependientes de recursos ilegales.

Otros países lo entendieron antes. Italia, por ejemplo, desarrolló leyes antimafia que impiden competir a candidatos con vínculos criminales mediante filtros previos, no después del desastre. En México seguimos reaccionando cuando el daño ya está hecho.

Si la reforma electoral no incorpora controles reales sobre candidaturas, fiscalización profunda del origen del dinero y sanciones ejemplares a partidos cómplices, será solo maquillaje institucional. Y en un país donde el crimen ya controla municipios, eso no es una omisión técnica. Es una irresponsabilidad histórica.