Antonio Macías Ruiz

Por: Antonio Macías Ruiz

SERVICIO PUBLICO

Las oficinas públicas se crearon para proteger los derechos humanos. Por eso se identifican por el derecho humano que deben proteger. Por ejemplo: la Secretaría de Salud, de Seguridad Publica, de Educación, del Trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Protección del Medio Ambiente. En su nombre está el derecho humano que deben proteger.

La ley suprema mexicana, la Constitución Federal, no hace mucho puso a los derechos humanos como tarea principal a cargo de gobierno y sociedad. En su artículo primero dice: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esos derechos justifican la construcción real de gobiernos democráticos como garantía de bienestar para todos conforme a méritos, necesidad y capacidad. Son la guía para construir una sociedad de paz, pero con justicia. Sin embargo, hay muchos obstáculos que detienen la protección de esos derechos.

Los obstáculos los ponen los grandes grupos de poder económico mundial porque son ellos los que se pelean para quedarse con la mayor parte del pastel y esto afecta a la inmensa mayoría de la población porque les toca una parte insuficiente del pastel del bienestar. Son esos pocos, pero grandes grupos de poder mundial los que ponen los precios de lo que compramos; son ellos los que deciden donde crear fuentes de trabajo, cuando y donde cerrarlas o reducir personal.

Hay otros obstáculos que cambian según el país y los gobiernos. Por ejemplo, en México y otros países, el servicio, es lento y a veces inalcanzable para muchas personas porque no existe en el lugar donde viven. Esto sucede porque los gobiernos no ejecutan programas para evitar que los problemas crezcan. Crecer los problemas y crece la población, pero no hay dinero para atender lo urgente y necesario o se distribuye mal en lugar de atender primero lo urgente y necesario.

Se expidió una ley para controlar la mala administración del gasto destinado al servicio público. Esa ley es necesaria, pero debe aplicarse sin afectar los servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la justicia.

Algunas oficinas no tienen espacio suficiente para el desempeño oportuno del servicio. Otras oficinas ni sala de espera tienen. Su sala de espera es la calle o la banqueta. Sucede también con algunos servicios privados. Se olvida que todas las personas merecen ser atendidas pronto y eficazmente, sin exponerlos a los riesgos de esperar en la banqueta.

Cierto que el servicio público ha mejora mucho en algunos lugares, pero es por la calidad moral del personal, pues se esfuerzan por servir a pesar del exceso de trabajo, escases de materiales y mobiliario para atender al público.

En contraste, algunos funcionarios de primer nivel, cada seis o tres años, remodelan su oficina y tienen acceso a recursos públicos con pocas limitaciones. Siguen gastando mucho en viajes, ceremonias, publicidad, festejos. Ese gasto es secundario frente a la urgencia de, primero, ampliar la protección de los derechos humanos.

Desde siempre, el aumento del gasto en la atención de los servicios públicos no es igual al aumento de las personas que necesitan el servicio. No existe país que haya logrado satisfacer la demanda al cien por ciento. En México podemos decir que la educación primaria se garantiza a todas la niñas y niños, pero es todo. Los demás servicios tienen rezago que se trasmiten de gobierno a gobierno.

Sin duda gobernar para el bien de todos es tarea difícil. Son muchos los obstáculos que exigen valor, tenacidad y honestidad inquebrantables.

¿Ud. qué opina? Le saludo Antonio Macías Ruiz.