Por: Desiderio García Sepúlveda

Las reforma electoral que quiere el INE

México vuelve a asomarse al terreno siempre delicado de la reforma electoral. Y como ha ocurrido otras veces, el riesgo no está en discutir cambios, sino en hacerlo desde la consigna política y no desde la evidencia.

Doce años después de la reforma que dio origen al INE, el sistema electoral muestra señales claras de desgaste. Problemas operativos, tensiones presupuestales y vacíos legales quedaron expuestos en los procesos de 2023 y 2024, y se profundizaron con la inédita elección judicial posterior. Pretender realizar una reforma ignorando esa experiencia sería legislar a ciegas. Por eso importa que los  consejeros electorales hayan presentado un paquete de 241 propuestas de carácter técnico, no ideológico, diseñadas para corregir fallas reales del sistema.

Uno de los puntos más sensibles es el presupuesto. Los consejeros proponen que el financiamiento del INE se vincule al Producto Interno Bruto para  evitar recortes.  Justifican la propuesta al señalar que sin recursos suficientes, la democracia se precariza. No existen elecciones confiables con presupuestos políticamente castigados.

Otras propuestas incomodan directamente al poder. Eliminar el secreto ministerial en las tareas de fiscalización del INE y sancionar a las autoridades que retengan información apunta a un problema estructural: la opacidad del dinero político. En un país donde el financiamiento irregular ha sido históricamente el talón de Aquiles de los procesos electorales, esta medida ataca el núcleo de una simulación largamente tolerada.

En materia tecnológica, el instituto propone avanzar de manera gradual hacia esquemas mixtos de voto electrónico y voto por internet, bajo criterios estrictos de seguridad. A ello se suma el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades en campañas digitales y en el financiamiento que circula por redes sociales.

Especial atención merece la propuesta relativa a la elección del Poder Judicial. El INE busca separarla de los comicios ordinarios y blindarla frente a la intervención partidista para reducir la contaminación política de un proceso que, por definición, debería descansar en méritos profesionales y no en estructuras electorales. En un clima de polarización permanente, esta separación no es un capricho técnico, sino una condición mínima de credibilidad.

Las propuestas en materia de paridad, inclusión, acciones afirmativas y voto en prisión preventiva recuerdan, además, una verdad frecuentemente olvidada: la democracia no se mide solo por su eficiencia administrativa, sino por su capacidad de incluir a quienes históricamente han sido marginados del ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Conviene subrayarlo: las propuestas del INE no constituyen una agenda cerrada ni un desafío al Congreso. Son, más bien, una sugerencia técnica basada en la experiencia cotidiana de operar elecciones en uno de los países más complejos de la región. Reformar el sistema electoral sin escuchar a quien lo administra todos los días es una receta segura para el fracaso.

La discusión de fondo no es si habrá o no reforma electoral, sino con qué propósito se hará. Si será para fortalecer la democracia con reglas más claras y eficaces, o para domesticarla bajo el pretexto de austeridad, eficiencia o voluntad popular. En ese dilema, ignorar la evidencia nunca ha sido una buena idea.