El arte de la fuga
Por: Desiderio García Sepúlveda
El paro en el SAT: la inconformidad que el gobierno quiere minimizar
—Mientras la autoridad presume normalidad, los trabajadores reclaman precariedad, desigualdad y desdén institucional—.
La protesta de los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es una simple molestia administrativa, como intenta reducirla el discurso oficial. Es el síntoma de un mal estructural en la burocracia mexicana: el abandono del trabajador público, la falta de diálogo real y el desprecio hacia quienes sostienen la operación cotidiana del Estado.
El paro de labores iniciado por empleados de confianza del SAT expuso un reclamo legítimo: el incumplimiento del aumento salarial correspondiente a 2025 y la omisión de derechos laborales básicos. En un organismo que presume eficiencia recaudatoria y control sobre cada peso, resulta paradójico que sus propios trabajadores denuncien carencias de jornadas extendidas sin pago de horas extras, recortes de prestaciones y oficinas en condiciones deplorables.
Mientras el personal exigía respeto a su salario y dignidad laboral, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó tranquilizar el escenario con una frase que resume la distancia entre la élite gubernamental y su base operativa: “Son pocos trabajadores, pero se les está atendiendo”. Una declaración que, más que calmar los ánimos, revela una visión numérica, no humana, del conflicto.
El SAT, por su parte, se apresuró a aclarar que el paro afectó solo siete de sus 162 oficinas que hay en el país y que la atención al público continuaba “de manera normal”. Es el clásico reflejo burocrático: minimizar el impacto, maquillar la inconformidad y hablar de “compromiso con los trabajadores” mientras ignora los motivos de fondo. La realidad es que quienes exigen su retroactivo salarial o un trato equitativo no buscan confrontar, sino ser escuchados.
El contraste entre la narrativa institucional y las voces del personal en protesta es revelador. Los manifestantes, explicaron que además del ajuste salarial, existe precarización laboral derivada de recortes de personal y desigualdades entre trabajadores sindicalizados y personal de enlace. Sin embargo, su demanda se topa con una administración que, pese a sus discursos de “transformación” y “ética pública”, reproduce los vicios del pasado: opacidad, desinterés y simulación de diálogo.
El reciente paro del SAT, deja una lección que la administración pública parece no querer aprender: la eficiencia no se impone, se construye con justicia laboral. No hay recaudación sin recaudadores, ni Estado sin servidores públicos comprometidos y respetados. Ante la negativa de las autoridades, se prevé que los trabajadores inconformes continúen con estos paros de labores en diferentes oficinas a nivel nacional.
Minimizar la protesta puede servir para salir del paso, pero el descontento acumulado puede ser una bomba de tiempo en la estructura gubernamental. Si el SAT es la columna vertebral de la recaudación fiscal del país, el gobierno debería cuidar a quienes la sostienen, no invisibilizarlos tras comunicados que suenan más a control de daños que a voluntad de solución.
La inconformidad de los trabajadores del SAT no amenaza al Estado: lo desnuda. Es la punta del iceberg que muestra el costo humano de la austeridad mal entendida y la urgencia de reconciliar la política fiscal con la justicia laboral. Porque sin servidores públicos dignificados, ningún gobierno puede presumir transformación alguna.
