El arte de la fuga
Por: Desiderio García Sepúlveda
Presidenta contra la extorsión
- Sheinbaum propone que el Estado investigue de oficio. ¿Será suficiente para romper el círculo de miedo y omisión? —
Un gran porcentaje de los mexicanos hemos sido víctimas, en algún momento de nuestra vida, de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos. Detrás de ellos, un individuo amparado por el anonimato nos amenaza y amedrenta con el objetivo de extorsionarnos. Las noticias y redes sociales están plagadas de casos de terror donde familias enteras han sido presas de estos criminales, que buscan obtener un beneficio económico a través del miedo.
En todo el país, la extorsión se ha instalado como uno de los crímenes más extendidos y aterradores. Quienes viven del comercio, operan negocios familiares o trabajan por cuenta propia enfrentan diariamente el temor de recibir una llamada intimidante, sufrir exigencias de “cuota” o ser acosados por grupos delictivos que condicionan su seguridad a cambio de un pago.
Con el fin de mejorar el marco jurídico para su combate, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión que, entre sus principales acciones, propone quitarle a la víctima la carga de denunciar, para convertir la extorsión en un delito que se persiga de oficio. Es una decisión que reconoce lo evidente: no se puede esperar que alguien amenazado por criminales confíe en un sistema de justicia que, hasta ahora, ha sido más espectador que protector.
El dato es demoledor: el 78 por ciento de las entidades federativas registran afectaciones por extorsión, —desde el “cobro de piso” hasta el llamado “impuesto criminal” —, según cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Es decir, este fenómeno delictivo no es marginal ni focalizado: se ha vuelto estructural.
La iniciativa legal llega acompañada de una Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esta incluye operativos sorpresa en penales, congelamiento de cuentas, capacitación de operadores para atender denuncias anónimas, y un protocolo nacional para proteger a las víctimas. Por primera vez, se articula una política integral para atacar este delito desde varios frentes.
El gobierno de Sheinbaum tiene claro que la extorsión no se combate solo con leyes. Se combate con presencia institucional, protección efectiva y una voluntad política sostenida. De nada sirve reformar códigos si las fiscalías locales siguen siendo débiles o cómplices, si los penales continúan operando como centros de comando criminal, o si la víctima sigue sin confiar en quien debería defenderla.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum es un paso en la dirección correcta, pero no es automático. Necesita convertirse en una política de Estado, con recursos, seguimiento y resultados medibles. También, debe involucrar a los gobernadores de los estados en esta cruzada contra la extorsión. Porque si todo queda en discursos, el crimen volverá a ocupar su lugar de siempre: el centro de la vida diaria de los más vulnerables.
No es exageración decir que esta iniciativa y su correcta ejecución serán piezas clave en el futuro del país. Como escribió alguna vez la filósofa e historiadora Hannah Arendt: “el crimen organizado empieza donde termina el poder legítimo del Estado”. La pregunta ahora es si este gobierno está dispuesto a que esa frontera, por fin, se mueva.
