El arte de la fuga
Por: Desiderio García Sepúlveda
El juez justo y severo
La nueva telenovela mexicana llamada “Elección Judicial” sigue generando controversia. A menos de un mes de que se realice la votación de jueces y magistrados, el proceso está marcado por la opacidad, el desorden y la sospecha. Lo que se vendió como un ejercicio ciudadano sin precedentes a nivel mundial ahora parece una apuesta riesgosa que pretende debilitar aún más un sistema judicial ya deteriorado.
Ante el escándalo destapado por el senador Gerardo Fernández Noroña sobre perfiles de candidatos de dudosa calidad moral, el Congreso, dominado por Morena, no ha tenido más opción que solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas judiciales. De estas, 18 enfrentan cuestionamientos graves: desde la defensa a miembros del crimen organizado hasta carpetas abiertas por abuso sexual, peculado, amenazas o lesiones. Si agregamos que muchas de estas candidaturas provienen de los listados del Legislativo y del Ejecutivo, la pregunta es inevitable: ¿dónde estaban los comités de evaluación?
A esto se suman irregularidades más evidentes, como aspirantes que no cumplen con el promedio académico mínimo requerido de ocho, pero que, aun así, pasaron los filtros. El caos en la integración de las listas, con nombres repetidos o ausentes y boletas retrasadas por errores, evidencia una falta de planeación alarmante. Si este es el nivel de rigor con el que se eligen jueces, ¿qué podemos esperar de sus futuras sentencias?
El proceso de elección también reveló una peligrosa mezcla de intereses partidistas. Los comités encargados de evaluar a los candidatos estaban formados, en su mayoría, por figuras afines al oficialismo. Las impugnaciones, lejos de fortalecer el proceso, parecen ahora un intento por deslindarse del costo político de las malas postulaciones. En Tamaulipas, por ejemplo, la ciudadanía ha expresado su preocupación por la falta de información clara sobre los perfiles, y organizaciones locales han documentado cómo la política partidista contamina decisiones judiciales.
Aunque hace unos días la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el instituto no tenía los mecanismos jurídicos para bajar de la contienda a dichos candidatos, la solicitud del Poder Legislativo ha generado un cambio en el discurso del órgano electoral. Ahora el INE ha creado un micrositio para que la ciudadanía denuncie a candidatos que hayan cometido delitos graves, como violencia de género o sean deudores alimentarios. Esta medida, conocida como “La 8 de 8”, es un paso en la dirección correcta, pero llega tarde y no sustituye la necesidad de un proceso bien diseñado desde el inicio.
Elegir a jueces por voto popular puede sonar bien en el discurso, pero si no hay garantías de transparencia, información accesible y filtros efectivos, el resultado puede ser contraproducente. No se trata de democratizar la justicia solo de forma simbólica, sino de fortalecerla con méritos, legalidad y ética.
La justicia en México no puede convertirse en un botín ni en un experimento electoral. Elegir mal hoy significa cargar con jueces sin escrúpulos mañana. Y si los ciudadanos deben votar, que lo hagan informados y con opciones legítimas, no con una lista inflada de nombres, entre los cuales algunos no deberían ni figurar.
