Opinión pública
Por: Felipe Martínez Chávez
Se perfilan dos
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como en botica, hay de todo. Uno de los aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas es José Alfredo Martínez Chabrand, proveniente del establo de Don Jorge Espino Ascanio en la Auditoría Superior del Estado.
Fue asesor jurídico de la ASE. Tiene antecedentes como fiscal de la federación en el sureste del país ¿posibilidades de ser nominado?. Lo dudamos.
Hay una docena de “suspirantes” por la chambita que dejará Raúl Ramírez a partir del último de este mes.
Se perfilan dos que podrían recibir los votos necesarios del Congreso del Estado: Jesús Eduardo Govea Orozco y Raúl Hernández Chavarría, que ya han participado en el grupo de combate a la corrupción en las filas de la 4T.
En septiembre del 2023 Govea fue nombrado Zar Interino. Se retiró cuando Don Raúl consiguió un amparo para seguir cobrando.
El gobierno americanista necesita un fiscal “de hierro”, que aplique las Ley en sus términos, que no duerma como Rul, persiga a los delincuentes, desempolve los expedientes que duermen en la Fiscalía, lo que permite que algunos delincuentes anden sueltos.
Eduardo nació en Morelia Michoacán el 22 junio 1969. Abogado por la UAT, maestría en Derecho. Hace años trabajó en la entonces Procuraduría de Tamaulipas. Fue Subdirector de Averiguaciones Previas, instructor de formación de Ministerios Públicos, catedrático en La Salle.
Hernández Chavarría es titular de Inteligencia Financiera. Originario de Tampico, se tituló de contador y abogado. Hermano de Eduardo, ex diputado local.
Desde IF ha dado la batalla para tratar de sentar en el banquillo a los ex funcionarios bandidos, pero se topó con Ramírez Castañeda, siempre dispuesto a proteger pillerías de los panistas. Como representante de la sociedad sería un buen Zar Anticorrupción.
De los restantes no hay a quien irle. Casi todos vienen de la Fiscalía de Irving Barrios.
Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, ocupó la jefatura de Seguimiento de Causas del Poder Judicial en 2019. Tiene antecedentes como asesor -cobrador- jurídico en varias empresas. En 2004 le entró el gusanito de la política y fue suplente de alcalde en la planilla de Enrique Yáñez Reyes, postulado por el PRD-Convergencia por Victoria. Sale sobrando decir que perdieron.
Irene Josefina Rivera Vázquez tiene una larga historia en la entonces Procuraduría, como fiscal en Ciudad Victoria. Sigue con Barrios.
Angel Avila Rodríguez le pega a todo lo que se mueva. Quiso ser presidente de Derechos Humanos.
Luis Ramiro Olvera Terán, egresado de la UAT, también está ligado a la representación social donde dice que fue Auxiliar del Procurador entre 2009-2011 y Supervisor de Procedimiento Penal.
De Miranda Zavala Rodríguez, encontramos que labora para el chilango Barrios Mojica, lo mismo que Efraín González Aranda ¿los mandó él? Difícil saberlo.
Martín Lozano Méndez, es más conocido como abogado de un funcionario de Seguridad Pública acusado de asesinar a su esposa, española, cuando venían de pasear en La Pesca. Laboró en la General de Gobierno como jefe de departamento. Es asesor jurídico del ayuntamiento Nuevo Laredo, donde le hace falta a Carmen Lilia.
No están las “vacas sagradas” del Derecho que, por pasar por el Tribunal de Justicia, piensan que hay obligación de darles chamba, ni los cartuchos quemados de otros sexenios.
Cualquiera que quede será mejor que Raúl. Tendrá mucho trabajo, apurar los expedientes de los presuntos delincuentes del anterior sexenio antes que ganen por caducidad.
El Congreso hará las entrevistas personales este jueves. Hay sesión plenaria en que podrían subir otros temas de interés. La 66 legislatura que lidera Huberto Prieto Herrera empieza a agarrar el ritmo.
Hablando de “cartuchos quemados”, Javier Villarreal Terán (¡salucita! caballero), que por descuido de Dios y órdenes del sombrerudo Cavazos Lerma pasó por el ayuntamiento de El Mante, fue sancionado por el INE por no reportar gastos ¡en la precampaña del 2021! de Morena.
La sentencia llegó años después, pues la falta la cometió el 19 de febrero del señalado, cuando el muchacho publicó en redes con mucho orgullo “me registré como precandidato” a diputado.
Pasó sin pena ni gloria por el Congreso. En 2024 quiso ser federal pero no tuvo padrinos. Ahora el aficionado a las guarapetas deberá sacar de su bolsa para defenderse. Tiene recurso ante el TRIFE.
De esa época y desde antes hay otros “castigados” como Carlos Eliud Pérez González e Irma Sáenz Lara.
La verdad es que los consejeros del Instituto andan un “poquito” atrasados. Abrieron juicio en contra de José Antonio Leal Doria, candidato a diputado pluri, primer lugar de Morena, quien falleció el mismo día de la elección.
En 2020 le mandaron oficios de requerimiento pero “no se obtuvo respuesta” ¿qué no sabían que murió?.
Para que a la próxima estén más listos los suspirantes: Todas y todos aquellos que exhibieron su registro como precandidatos de Morena -que mandaron por Internet- fueron iniciados con procesos. ¡Aguas!.