La Corte Suprema de Estados Unidos falló ayer a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre la detención de inmigrantes con antecedentes penales, en un momento en que la dura postura adoptada por la administración enfrenta varios recursos en la justicia.

El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento, y por un periodo indefinido, a personas con ese perfil, por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la Corte.

La Corte se pronunció sobre el tema a raíz de varios casos de personas que purgaron penas de prisión, varios de ellos por posesión de mariguana.

Años después de su liberación, fueron detenidos para su deportación, a pesar de que en ese momento tenían sus papeles en regla.

Entonces se les negó la libertad condicional con base en una ley adoptada en 1996 por el Congreso que decreta detención automática para los extranjeros condenados por ciertos delitos “cuando son liberados de prisión” hasta su expulsión.

Para estas personas, que estuvieron en prisión antes de ser liberadas —tras lo cual pudieron permanecer en Estados Unidos— la ley de 1996 no se les debería haber aplicado, ya que no habían sido detenidos justo tras haber salido de prisión.

El juez Samuel Alito dijo que no es el trabajo de la Corte imponer un límite sobre el tiempo que los inmigrantes pueden ser detenidos después de haber cumplido una sentencia.

El caso ante los jueces involucró una demanda colectiva presentada por personas en California, que no son ciudadanos estadunidenses, y una demanda colectiva similar presentada en el estado de Washington. Uno de los principales demandantes, Mony Preap, ha sido residente permanente legal en Estados Unidos desde 1981 y tiene dos condenas por posesión de marihuana. Quedó en libertad en 2006, pero no fue apresado por las autoridades de inmigración sino hasta 2013